Grupo Municipal
izquierda unida los
verdes convocatoria por andalucía
AL PLENO DE LA CORPORACION
Don Rafael Barea Chacón,
Portavoz del Grupo Municipal de lzquierda Unida en el Ayuntamiento de Fuente
Palmera, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales para su aprobación
la siguiente MOCION EN DEFENSA DE LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES. :
-EXPOSICIÓN DE MOTIVOS-
La aprobación de la Ley 27/2013 de 27 de diciembre de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local ha supuesto a juicio de muchos
alcaldes y concejales del Estado español, de diferentes sensibilidades
políticas, el mayor ataque a la autonomía local y a la capacidad de gestión de
los ayuntamientos de todo el periodo democrático, así como un intento concreto
de eliminar y destruir los servicios sociales municipales. Un ataque que se
resume en una limitación de las competencias municipales, en un intento de
control político de las corporaciones locales y en un intervencionismo sin
precedentes en el mundo municipal por parte del Estado y las CCAA.
Esta Ley, lejos de avanzar en la solución de los problemas endémicos de las
corporaciones locales centrados en el reconocimiento de la capacidad de gestión
y en la insuficiente financiación, ha ahondado en ambos exhibiendo un concepto
de Ayuntamiento que se aleja del modelo constitucional, considerándolo como
mero colaborador subordinado a otras administraciones territoriales.
En lo que respecta a las competencias municipales, elimina gran parte de
las posibilidades de actuación de los ayuntamientos, dado que por un lado
restringe las competencias propias municipales sobre todo en materia de acción
social, educación y sanidad, y por otro limita casi por completo la capacidad
para el desarrollo de competencias fuera de las expresamente reconocidas (las
llamadas competencias impropias) tales como juventud, consumo, fomento
empresarial, cooperación al desarrollo.
Pero además de suscitar un amplio rechazo político y social, esta Ley ha
sido objeto de numerosos recursos de inconstitucionalidad, pendientes todos
ellos de resolución, interpuestos por más de 3.000 ayuntamientos que representan
a más de 15 millones de habitantes utilizando el mecanismo de impugnación
previsto en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional bajo la denominación de
Conflicto en Defensa de la Autonomía Local, por las Comunidades Autónomas de
Andalucía, Asturias y Cataluña, así como por la inmensa mayoría de la oposición
parlamentaria, PSOE y PSC, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), CiU, Unión, Progreso
y Democracia (UPyD), CiU, ERC, BNG, Coalición Canaria-Nueva Canarias, y
Compromís-Equo. Estos mismos grupos políticos se han comprometido a la
derogación de la referida Ley en la próxima legislatura
En estos momentos la incertidumbre y preocupación por los efectos nocivos
de esta ley se centran en los servicios sociales de los ayuntamientos. La nueva
redacción del artículo 25.2.e de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de
las bases de Régimen Local sobre competencias de los ayuntamientos, y
específicamente de los Servicios Sociales, señala que la única competencia
propia de los ayuntamientos en este ámbito será, “la evaluación e información
de situaciones de necesidad y la atención inmediata a personas en situación o
riesgo de exclusión social”. Y una vez vaciado de contenido el artículo 28 de
la misma Ley, establece en el nuevo artículo 27 que “la Administración del Estado
y las de las Comunidades Autónomas podrán delegar en los municipios, entre
otras, la prestación de los servicios sociales”. Por tanto, los municipios han
dejado de tener competencias en la prestación de estos servicios básicos,
aunque muchos de ellos las siguen prestando, sin delegación de su Comunidad
Autónoma, y asumiendo gran parte de su financiación.
La propia Ley 27/2013, establece en su Disposición transitoria segunda con
respecto a la asunción por las Comunidades Autónomas de las competencias relativas
a servicios sociales:
Con fecha 31 de diciembre de 2015, las Comunidades Autónomas asumirán la
titularidad de las competencias que se preveían como propias del Municipio,
relativas a la prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción
social. Las Comunidades Autónomas asumirán la titularidad de estas
competencias, con independencia de que su ejercicio se hubiese venido
realizando por Municipios, Diputaciones Provinciales o entidades equivalentes,
o cualquier otra Entidad Local.
Si en la fecha citada las Comunidades Autónomas no hubieren asumido el
desarrollo de los servicios de su competencia prestados por los Municipios, o
en su caso, no hubieren acordado su delegación, los servicios seguirán
prestándose por el municipio con cargo a la Comunidad Autónoma.
Esta disposición superada en parte por la moratoria del Gobierno central y
las leyes de adaptación de las CCAA, mantiene la incertidumbre e inseguridad
con respecto a los servicios sociales de los municipios, afectando a los trabajadores
y trabajadoras así como a los usuarios de los servicios, y sobre todo ignoran
claramente la necesidad de afrontar de forma urgente la financiación de esos
servicios básicos ya que siguen siendo competencia de las CCAA, pero
prestándose por los ayuntamientos, sin que exista delegación y sin la
financiación necesaria. Es decir, algo cambia para que todo siga igual,
manteniendo un sistema precario, muy debilitado y “recortado", además de
hacerle depender de las convocatorias anuales de subvenciones, muy limitadas y
condicionadas a la voluntad del Gobierno de turno.
Recientemente, la Asamblea de la FEMP ha aprobado una resolución exigiendo
la ampliación del periodo transitorio de entrada en vigor de la Ley 27/2013 de
27 de diciembre (LRSAL), y desde el Consejo General y los Colegios Oficiales de
Trabajo Social
Grupo Municipal de la Colonia de Fuente Palmera izquierda unida los
verdes convocatoria por Andalucía continua exigiendo la supresión de la misma
por el impacto negativo que va a producir en la vida cotidiana de miles de
personas. El gobierno de Rajoy no ha atendido ninguna de estas solicitudes.
Según el Consejo General de Trabajo Social, la Asociación de Directoras y
Gerentes de Servicios Sociales o las Plataformas en Defensa de Servicios
Sociales, de aplicarse el calendario previsto, la prohibición de que las
Entidades Locales sigan prestando numerosos servicios sociales y la
imposibilidad de las Comunidades Autónomas de asumirlos, unida a una situación
de inmovilismo, podría provocar a nivel estatal hacer peligrar los 3.000
millones de euros invertidos en estas políticas sociales tan necesarias
actualmente, y que se sumarían a los más de 5.000 millones que ya han recortado
las Administraciones Públicas en esta materia en los últimos años. Solo la
atención a la dependencia y servicios de promoción social que dejan de
considerarse competencias propias de los municipios suponen 2.348,5 millones de
euros anuales, y el gasto que realizan los municipios con menos de 20.000
habitantes es de 993,4 millones de euros.
Se constata la necesidad de los servicios sociales de proximidad prestados
por los ayuntamientos con los datos de pobreza severa que se mantienen en
nuestro país y en nuestra región con un alto e inasumible porcentaje de
población en riesgo de pobreza y exclusión social.
Por todo ello, el Grupo
Municipal de Izquierda Unida somete a la consideración del Pleno la siguiente:
-PROPUESTA DE ACUERDOS
l.- Instar al Gobierno Regional a garantizar la continuidad de los
servicios sociales municipales, así como su gestión por los ayuntamientos, a
partir del 1 de enero de 2016 con una financiación adecuada.
ll.- Remitir el presente acuerdo a la Presidencia del Gobierno de España, a
la Presidencia del Gobierno y a la Consejería de Bienestar Social de la Junta
de Andalucía.
La Colonia de Fuente
Palmera, a 13 de noviembre del 2015.
Rafael Barea Chacón
Portavoz del Grupo Municipal lU.
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